Las plataformas de apuestas no autorizadas en Chile enfrentan restricciones judiciales, aunque bloquear sus páginas no garantiza que dejen de operar. Manuel Zárate Campos, abogado y exjefe jurídico de la Superintendencia de Casinos de Juego y de la Unidad de Análisis Financiero, sostiene que el foco debería ampliarse hacia los flujos de dinero que las sostienen. La explicación proviene de una entrevista en Concierto Valor, por lo que las cifras y los criterios deben contrastarse con los documentos oficiales.
Una ilegalidad declarada, pero difícil de ejecutar
Según Zárate, la Corte Suprema ha señalado que las plataformas que ofrecen juegos de azar y apuestas deportivas sin autorización son ilegales en Chile. Ese pronunciamiento establece la base jurídica para ordenar medidas contra esos sitios. Sin embargo, declarar la ilegalidad de una operación no equivale a conseguir que deje de funcionar en la práctica.
El problema técnico es conocido. Las plataformas pueden cambiar de dominio, operar desde otras direcciones IP y publicar sitios espejo, es decir, páginas que reproducen el contenido de un sitio original en una dirección distinta. En la entrevista se mencionó el bloqueo de más de 174 sitios vinculados a esta actividad, pero el período y el alcance de esa cifra deben verificarse en los antecedentes oficiales.
El dinero como punto de presión
Para Zárate, las restricciones digitales deben complementarse con medidas sobre las transacciones financieras. Las pasarelas de pago y los mecanismos de transferencia son necesarios para que una casa de apuestas reciba depósitos y procese retiros. Intervenir esos canales podría dificultar la continuidad del negocio, aun cuando el sitio siga accesible desde internet.
El abogado resumió esa idea con una frase: si no hay transacciones entre clientes y casas de apuestas, el negocio deja de serlo. Aplicar esa lógica exigiría definir con precisión las obligaciones de los intermediarios de pago, las facultades de fiscalización y los procedimientos aplicables, materias que dependen de la legislación vigente y de su eventual reforma.
Prohibir o regular: la discusión legislativa
Zárate describió un proyecto de ley avanzado que opta por regular el fenómeno en lugar de prohibirlo. Regular, en su explicación, implica establecer requisitos de autorización, obligaciones para los operadores y mecanismos de control que permitan separar a los habilitados de quienes actúan al margen de la norma. Reconoció que esta vía no eliminaría por completo el mercado ilegal, pero sostuvo que entregaría herramientas más específicas para enfrentarlo.
En cambio, una prohibición absoluta obligaría al Estado a perseguir a todos los infractores, con un costo institucional elevado. Zárate afirmó que esa alternativa, aunque posible, no ha tenido éxito en la experiencia comparada. Esa afirmación corresponde a su opinión y no a una evaluación comparada que el texto permita verificar.
Protección de menores, propiedad real y lobby
Durante la conversación, se señalaron dos asuntos que cualquier sistema regulado debería abordar: impedir el acceso de menores de edad y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores. Zárate también destacó la importancia de identificar a los beneficiarios finales de las plataformas, para saber quién controla las empresas y recibe sus ingresos, en un sector donde las estructuras societarias y las operaciones internacionales pueden dificultar la fiscalización.
Por último, Zárate describió una intensa actividad de lobby de las empresas del sector ante autoridades. Recordó que el lobby es legal en Chile si se realiza con transparencia. La cuestión, por tanto, no es solo si existen gestiones de influencia, sino si se registran y se ajustan a la normativa. La conductora mencionó además ofertas de publicidad recibidas personalmente, un dato que no permite medir el alcance del fenómeno, pero que ilustra el volumen de recursos que rodea al sector.